Convención fija las normas transitorias del borrador constitucional.

Constitución Portada

Tras más de una semana de trabajo en el territorio y ajustes de Armonización, el Pleno de la Convención Constitucional se volvió a reunir este martes 14 de junio para la votación final de normas transitorias.

La Comisión presentó la segunda propuesta tras la revisión del primer informe en donde pasaron 20 de las 58 disposiciones presentadas (ver nota) con resultados positivos.

De las 43 normas transitorias propuestas se aprobaron 40.

Ahora, toda normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional.

Poder Legislativo

En el caso que un año antes de las elecciones no haya una legislación nueva que defina el funcionamiento de los organismos, se realizarán con las siguientes consideraciones:

– El Congreso de Diputadas y Diputados estará compuesto por 155 representantes, más los representantes de escaños reservados para pueblos y naciones indígenas;

– Cada Asamblea Regional tendrá entre 14 y 34 representantes según el número de habitantes de la región;

– La Cámara de las Regiones se integrará por 3 representantes por región, elegidos según las circunscripciones vigentes

Además, las autoridades en ejercicio de los órganos autónomos o tribunales especiales seguirán en sus funciones por el período que les corresponda de acuerdo a las normas vigentes al momento de su nombramiento, a excepción de las que la Constitución diga lo contrario.

En tanto las autoridades electas por votación popular que se encuentren en ejercicio, estarán sujetos a las reglas de reelección vigentes con anterioridad a la nueva Constitución. Sin embargo, esto no regirá para los actuales senadores, que de ser electos como representantes regionales en la Cámara de las Regiones, se contará esa legislatura como su primer periodo en el cargo.

La legislatura ordinaria iniciada el 11 de marzo de 2022, terminará el 11 de marzo de 2026, por lo que habrán senadores que sólo estarán cuatro años en el cargo y no los ocho que regían hasta el momento. En esa misma línea, los representantes regionales ejercerán su cargo, por esa única vez, tres años.

Respecto a reforma constitucional se decidió que para realizar una entre la promulgación del texto y el 11 de marzo de 2026, se necesitarán 4/7 de los votos, a excepción de los proyectos que alteren sustancialmente el régimen político y el periodo presidencial; el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados o la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes; la forma de Estado Regional; los principios y los derechos fundamentales; el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución; o los capítulos de Naturaleza y Medio Ambiente y de Disposiciones Transitorias.

En el caso que se le hagan modificaciones a aquellas temáticas se deberá someter a un referéndum ratificatorio, a menos que haya sido aprobado por ⅔ de los integrantes de ambas cámaras.

Territorios

Sobre autonomías territoriales, en un plazo de dos años, previo un proceso de consulta indígena, el Presidente deberá enviar un proyecto que regule los procedimientos de creación, formas de delimitación territorial, estatutos de funcionamiento, competencias, resolución de contiendas entre entidades territoriales y demás materias relativas a la temática, donde el Poder Legislativo tendrá tres años para tramitarlo.

También deberán realizarse consultas en Rapa Nui, en relación a la creación de su Asamblea Regional y en ​​Chiloé y las provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca, para ratificar la creación de la Región Autónoma de Chiloé y la Región Autónoma de Aconcagua.

En el plazo de un año, el Presidente convocará a una Comisión Territorial Indígena, que determinará catastros, elaborará planes, políticas, programas y presentará propuestas de acuerdos entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas.

Además, en un plazo de veinticuatro meses, el mandatario deberá ingresar un proyecto de ley integral sobre vivienda digna y ciudad, que adecúe la normativa de vivienda vigente. El legislador tendrá un plazo de dos años para despachar la norma para su promulgación.

Medio ambiente

En un plazo de 12 meses, también deberá enviar un proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional de Aguas y la adecuación normativa relativa a las autorizaciones de uso de aguas, además de la creación de los Consejos de Cuenca.

Junto a ello, se aprobó una indicación –previamente rechazada en la Comisión– que indica que todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad, se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua según lo establecido en la Constitución. Mientras no haya legislación, se aplicarán las reglas que prescribe el Código de Aguas en materia de constitución y extinción de autorizaciones.

La Dirección General de Aguas o la Agencia Nacional de Aguas, de manera gradual, progresiva y con sentido de urgencia, deberá realizar el proceso de redistribución de los caudales de las cuencas para garantizar los usos prioritarios reconocidos en la Constitución.

También, en el plazo de un año, el Presidente de la República convocará a la constitución de una Comisión de transición ecológica, encargada de diseñar propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas en la materia. Deberá integrarse por académicos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los pueblos indígenas y por los organismos públicos pertinentes.

Justicia

Respecto a jueces y juezas, el cese de funciones a los 70 años de edad, no será aplicable a quienes a la fecha de la entrada en vigencia de esta Constitución formen parte del escalafón primario del Poder Judicial, quienes cesarán en sus funciones al cumplir los 75 años de edad.

Una vez promulgado el texto, el Tribunal Constitucional no podrá conocer nuevas causas y los requerimientos de inaplicabilidad ya radicados en él, deberán ser conocidos, tramitados y fallados dentro de los seis meses siguientes.

Al término de ese plazo o terminada la tramitación de dichas causas, cesará en sus funciones y se comenzará a operar la Corte Constitucional.

El proyecto de ley que regule la Corte Constitucional y sus procedimientos deberá ser remitido por el Presidente al Poder Legislativo dentro de los sesenta días siguientes desde la entrada en vigencia de la Constitución. Mientras no sea promulgada, su organización y funcionamiento se sujetarán a las disposiciones de esta Constitución y de forma supletoria por la Ley 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.

El mandatario deberá presentar en el plazo de un año, un proyecto de ley relativo al Consejo de Justicia.

En un plazo de dos años, el Presidente deberá presentar el proyecto de ley sobre Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Naturaleza. Desde su ingreso, el Poder Legislativo tendrá un plazo de 18 meses para la tramitación y despacho a promulgación. La Defensoría del Pueblo será la continuadora legal y sucesora en todos los bienes, derechos y obligaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Además, hasta que no haya un ajuste en la legislación penal sobre imprescriptibilidad y prohibición de la amnistía, no se podrá aplicar el artículo 103 del Código Penal a hechos que sean constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos según tratados internacionales. Este reduce la pena del delito en caso que se sancione luego de la mitad del periodo considerado para prescribir.

Revisa todas las normas transitorias aprobadas:

https://es.scribd.com/document/578381680/Normas-Transitorias-Aprobadas-en-El-Segundo-Informe#download&from_embed

FUENTE: https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/convencion-fija-las-normas-transitorias-del-borrador-constitucional/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.