EDUCACIÓN: Cuando el puntaje en la PAES no alcanza para explicar la desigualdad.

Los resultados más recientes de la PAES vuelven a instalar un debate que el país no puede seguir eludiendo. Más allá de las alzas y bajas en puntajes promedio, la prueba sigue funcionando como un espejo incómodo de la desigualdad de origen que estructura nuestro sistema educativo. No se trata solo de cuánto suben o bajan los números, sino de quiénes pueden convertir el esfuerzo en puntaje y el puntaje en proyecto de vida.

Es cierto: los promedios generales muestran mejoras en algunas áreas, particularmente en Competencia Lectora y Matemática. Estos datos deben ser reconocidos. Hay trabajo pedagógico, compromiso docente y perseverancia estudiantil detrás de cada avance. Sin embargo, la lectura ética de los resultados exige ir más allá de la cifra. La persistente caída en Ciencias, por ejemplo, abre preguntas profundas sobre las condiciones reales de enseñanza: ¿qué tiempo existe para experimentar, indagar y comprender el mundo?, ¿qué recursos materiales y simbólicos se ponen a disposición de las escuelas?, ¿Qué lugar ocupa el pensamiento científico en contextos marcados por la urgencia?

La desigualdad de origen no es un “factor externo” al sistema: es su telón de fondo. Las brechas entre establecimientos particulares pagados y el resto del sistema continúan siendo significativas, y la escasa presencia de colegios públicos en los rankings más difundidos refuerza una narrativa peligrosa: la idea de que el éxito educativo es patrimonio de unos pocos territorios y de ciertas trayectorias sociales. Cuando esto ocurre, el mérito individual se confunde con la acumulación previa de ventajas.

Decir que “bajan los resultados de la educación pública” sin mirar las condiciones es una lectura injusta. La escuela pública cumple una tarea que no siempre se reconoce: recibe a todos y todas, sostiene trayectorias interrumpidas, enfrenta la desigualdad sin poder seleccionarla. Allí se enseña en contextos de mayor complejidad social, con menos recursos y con una sobrecarga que no siempre es pedagógica. La pregunta no debiera ser solo por los puntajes, sino por las condiciones estructurales para enseñar y aprender con dignidad.

Fortalecer la educación pública no es una consigna; es una posición de justicia social. Implica asegurar tiempo pedagógico real, políticas de lectura y pensamiento sostenidas, enseñanza de las ciencias con experiencias significativas y una equidad efectiva. Implica, también, confiar en las escuelas y en sus docentes, y acompañarlas con políticas coherentes y de largo plazo. En este escenario, es fundamental celebrar los logros de la educación pública y de los establecimientos con financiamiento estatal. Cada buen resultado alcanzado allí tiene un valor especial, porque ocurre muchas veces sin las ventajas que otros sectores dan por sentadas.

No son excepciones anecdóticas: son señales de una potencia que el país debiera cuidar. La discusión sobre la PAES no puede reducirse a rankings ni a titulares apresurados. La pregunta de fondo sigue abierta y es política: ¿queremos un sistema que reproduzca el origen o uno que amplíe, de verdad, las posibilidades de futuro?

Carmen Gloria Garrido, directora de escuela de Educación UNAB