Proceso constitucional: Desconfianza es principal factor del desinterés ciudadano. Por E. Guíñez M.
Chile perdió una oportunidad histórica para el país, en septiembre de 2022, de contar con una nueva constitución cuya propuesta, reflejaba los valores y necesidades de la sociedad actual, en su articulado aseguraba una serie de derechos sociales para toda la población, también contemplaba las temáticas del medio ambiente, el derecho agua. Sin embargo, esta fue ampliamente rechazada por las y los electores en medio de una gigantesca y feroz campaña de temores, incertidumbres, mentiras y desprestigio.
El consenso general, compartido en forma transversal, ha sido el de poner fin a la constitución de la dictadura cívico militar, en eso no hay dos opiniones, para lo cual la clase política, apropiándose de la votación, que en forma mayoritaria rechazó la primera propuesta, instaló mediante un acuerdo entre bambalinas un nuevo proceso constituyente, que no cuenta con el interés de la población por tratarse de una salida diseñada al margen de la ciudadanía y sin la participación de esta.
Según varias encuestas, el público en general en Chile ha mostrado un bajo nivel de interés en el proceso constituyente de 2023. Esto es indicativo del desinterés creciente de este proceso que no entusiasma a la ciudadanía, es más de lo mismo, manejado por los mismos de siempre.
Por lo mismo, este proceso que algunos califican de ilegítimo, enfrenta una serie de cuestionamientos que deben ser abordados de manera crítica.
Uno de los principales cuestionamientos es la falta de participación y representación de sectores clave de la sociedad, como los pueblos indígenas y las mujeres. No interesó una participación significativa de estos sectores en el proceso para que la nueva constitución reflejara adecuadamente sus perspectivas y necesidades, por lo que de partida, lo que resulte de este proceso, aunque sea aprobado, no representará, ni resultará legítimo para importantes sectores de la población, por lo que no es aventurado pronosticar que la crisis institucional y conflictividad social permanecerán presentes en el futuro inmediato.
Otro cuestionamiento es la influencia de los intereses políticos y económicos en el proceso. Desde el acuerdo para implementar este nuevo proceso hasta la instalación del Consejo de Expertos y todo lo que tiene que ver con la interferencia indebida de los partidos políticos y los grupos de interés económico en la redacción de la nueva constitución.
El Consejo de Expertos, que no es más que una camarilla de operadores instalados allí por los partidos políticos, excluye a las organizaciones sociales, de trabajadores, pueblos originarios y está conformado por personajes tan cuestionables como Hernán Larraín, cómplice civil de la dictadura y protector de la secta de pedófilos de Colonia Dignidad y Katherine Martorell, ex ministra de Piñera e imputada por fraude al fisco en la actualidad.
Este órgano elegido a dedo está redactado el borrador de la nueva constitución, sometido al cerco de las 12 bases constitucionales establecidas en el acuerdo de los políticos, borrador que será puesto a disposición de los Consejo Constitucional que se elegirá el 7 de mayo, que entre otras joyitas de candidatos presenta a Juan Sutil, líder de los empresarios y famoso por su arrogancia e impertinencia en la protección de los intereses de los más poderosos del país, donde también figura Rodrigo Delgado, ex alcalde de Estación Central, ex ministro de Piñera, severamente cuestionado por su rol en la construcción de los llamado guetos verticales y la relación con las inmobiliarias.
Es cierto que la baja aprobación de los políticos y la crisis institucional en Chile son algunos de los factores que contribuyen a la desconfianza en el nuevo proceso constitucional de 2023. La crisis institucional ha sido un tema recurrente en Chile en los últimos años, y ha sido alimentada por una serie de escándalos de corrupción que han involucrado a políticos y empresarios, así como por la falta de respuesta efectiva a las demandas populares de reforma.
La evidente baja aprobación y desprestigio de la llamada clase política también influye en la percepción que tiene la ciudadanía sobre la capacidad de los políticos para llevar a cabo un proceso constitucional justo y representativo. Si los ciudadanos no confían en los políticos, es probable que tengan dudas sobre la capacidad de estos para redactar una nueva Constitución que refleje las necesidades y perspectivas de todos los sectores de la sociedad.
En este contexto, muchos chilenos y chilenas sienten que los políticos siguen sin representar adecuadamente sus intereses y que el proceso constitucional está siendo utilizado por los políticos y los grupos de poder para mantener el status quo o para promover sus propios intereses. Esta percepción produce una falta de confianza en el proceso constitucional, más aún cuando no se está fomentando un diálogo constructivo y respetuoso entre los diferentes grupos y sectores del país para evitar la polarización y el conflicto.
Finalmente hay quienes, legítimamente, han optado por participar del proceso con la esperanza de incorporar elementos progresistas en la redacción de la nueva carta fundamental, estos sectores democráticos apuestan a obtener un texto que sea mejor que la constitución vigente y dejar en el pasado la herencia pinochetista que aún tenemos como una pesada sombra sobre los hombros de la sociedad, sin embargo los pronósticos en este sentido no son auspiciosos, la fuerte ola conservadora, reaccionaria y en muchos casos ultrista hace temer que el resultado sea mucho peor, en términos ideológicos y prácticos, de lo que se quiso reemplazar después de la revuelta social de 2019. Los sectores progresistas, la izquierda, los sectores sociales de avanzada, se encuentran arrinconados, sin liderazgos, sin convocatoria y con nula capacidad de maniobra, por lo que la apuesta de defender desde dentro los principios democráticos parece aventurada y sin destino.
Por Edgar Guíñez M.
Colaborador Radio Cristalina FMH
